Divorciarse o reclamar una deuda sale más caro porque la Xunta no ha creado MASC

El acceso a la justicia es cada vez más difícil para las rentas más bajas. Así lo evidencian desde el sector de los abogados del turno de oficio, profesionales que llevan en huelga indefinida desde noviembre de 2023 y que de un tiempo a esta parte vienen advirtiendo y denunciando la privatización de la justicia, especialmente a raíz de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia Procesal, un texto que obliga a todos aquellos que quieran iniciar un procedimiento por la vía civil o mercantil a intentar antes una mediación con la otra parte a través de trate un Medio Alternativo de Solución de Conflicto, los llamados MASC, un sistema de arbitraje que hoy en día no existe en Galicia para su acceso público, según detallan.

PAGAR O PAGAR POR UN “PROCEDIMIENTO OBLIGATORIO”

La Xunta de Galicia, más de dos meses después de la entrada en vigor de la norma, no ha puesto en marcha ningún sistema de mediación al que puedan acudir aquellas personas que quieran tramitar una denuncia por vía civil o mercantil, tal y como atestiguan los profesionales del TO. Esto obliga a los denunciantes, incluso a aquellos que por sus pocos recursos acuden a la justicia gratuita, un derecho reconocido por la Constitución, a realizar una inversión en un organismo privado para luego poder llevarlo ante la Justicia.

Desde el colectivo Marea Negra de abogados exponen un caso reciente en el que una mujer está obligada a acudir a estos métodos alternativos de solución de conflictos para poder iniciar una demanda por una pensión alimenticia para sus hijos. “Es decir, tiene que pagar un abogado para que antes de ir al juzgado tramite una mediación y, a su vez, pagar al mediador o al árbitro o a quien sea”, detallan. 

“Una pareja que no estaba casada se separa. Hay menores de por medio y hay que reclamar alimentos, que pagarán cada uno. Se trata de una cuestión urgente. Desde el Colegio de Abogados, a donde llamo para que me digan qué servicio público han establecido como MASC para estos procedimientos de familia, me dicen que ninguno, que no hay ninguno público previsto”, reprocha la abogada que asumió esta causa por el turno de oficio, que recuerda que se trata de “un procedimiento obligatorio”. 

“Para que me admitan la demanda yo tengo que aportar un certificado de que he intentado un medio alternativo de solución de conflictos”, insiste, pero ante la ausencia de un MASC público “tengo que decirle a mi clienta, usuaria del servicio público del turno de oficio, que tiene la justicia gratuita concedida y que ha tenido que acreditar ante la Xunta que tiene acceso a ella, que ahora tiene que pagar de su bolsillo un burofax que tengo que redactar yo y por el que nadie me va a pagar por hacer ese burofax”. 

Pese a que “hay una ley que dice que no tiene que pagar peritos ni nada” al estar amparada por el derecho a la asistencia jurídica gratuita, ahora la denunciante “tiene que pagar para hacerle una oferta vinculante a su expareja”. 

“No vale la conciliación judicial, por ejemplo, porque no la están admitiendo los Letrados de la Administración de Justicia (LAJS), porque entienden que es una materia indisponible en familia”, agrega, aunque hoy no existe ningún MASC en el que poder llevar a cabo este tipo de trámites, como por ejemplo un divorcio.

MÁS TIEMPO, MÁS PAPELEO Y MÁS CARO

“Ahora hay que hacer todo este camino previo y no hay un servicio público para hacerlo. O la persona usuaria de la justicia gratuita paga una parte privada, o está paralizado el turno de oficio en civil, porque no se pueden reclamar alimentos”, lamenta el colectivo, que ve como queda “desasistido todo ese grupo de población” por la imposibilidad de muchos de poder asumir ese gasto. 

Ya se han dado casos de usuarios del turno de oficio obligados a “pagar 6 euros para mandar un mail a través del Colegio de Abogados de forma que mandase una oferta a la otra parte para ver si aceptaba”. “Si no contesta, no tienen solucionado el tema. Ni los Colegios saben qué hacer”, reprenden sobre una situación que califican de “terrible” y que tiene bloqueados a los profesionales del turno de oficio.

De momento, los MASC son necesarios solo en procesos mercantiles y civiles, a excepción de los civiles “derivados de violencias sobre la mujer”. “Al menos ahí han tenido la decencia de no obligar a negociar con, por ejemplo, condenados por agresión”, valoran. No obstante, podrían darse extremos como el de una mujer que reclama una pensión alimenticia contra un hombre denunciado previamente por violencia machista. 

“Si el caso fuese archivado y se cerrase, tendrían que ir a arbitraje. Si aplicamos ese sistema, una persona que precise alimentos para sus hijos antes de empezar a poder cobrar alimentos de los menores, tiene que ir a un procedimiento que no tiene regulado todavía para poder pedir alimentos para sus hijos”, censuran los togados, considerando que de esta forma “van a perder un montón de meses” y que mientras que hasta abril “la jurisprudencia establecía que se podían pedir  los alimentos desde la fecha de presentación de la demanda”, ahora hay que añadir otro periodo al iniciar las negociaciones. “Puedes estar tres meses esperando. Meses en los que los niños no comen”, aseveran. 

“No hay medios públicos para nadie. Es una privatización del sistema jurídico porque te obligan a ir a algo que pagues tú antes de pedir el acceso a la justicia gratuita, contrario al Artículo 24”, zanjan desde Marea Negra, que ponen otro ejemplo además del del divorcio o la pensión alimenticia: las deudas.

“Para reclamar una deuda ahora cualquier persona a la que le deban dinero tiene que iniciar una negociación con el deudor donde tiene que presentar una oferta. En esa oferta no tiene que reclamar la deuda tal cual, sino que tiene que haber una negociación, no sirve dar plazos para el pago, sino que se obliga a hacer una oferta a la baja como requisito previo a la presentación de la demanda. No existe un método alternativo que no implique esa petición”, exponen. 

El resumen es que, en el contexto actual, hay que regatear con un moroso antes de poder llevarlo ante la justicia. Además, en el caso de que el denunciante vaya por el turno de oficio, hay que considerar que estaría perdiendo dinero, pues con la rebaja tendría que asumir los gastos de acudir al MASC.

LA XUNTA NIEGA LOS IMPAGOS Y LA FALTA DE MECANISMOS

Ante las críticas, la Consellería de Xustiza, con la que ha contactado este diario, ofrece una versión diametralmente opuesta asegurando que “no es cierto que la Xunta esté privatizando la Justicia” y apostilla que se cumple “de manera estricta” el artículo 6 de la Ley 1/1996 “que obliga al pago de los abogados que intervienen en un Medio Alternativo de Solución de Controversias”.

“La Ley de medidas en materia de eficiencia del servicio público de justicia también recoge que las partes pueden acudir a cualquier MASC asistidas por un abogado. De esta forma, por esta asistencia abonara a los abogados que intervengan tanto si hay acuerdo como si no”, explican desde la Consellería, conscientes de la entrada en vigor de la normativa el pasado 3 de abril. Sin embargo, desde el sector desdicen a la Consellería en este punto e invitan a echar un rápido vistazo a los baremos del TO, donde “no tenemos partida para el pago de MASC”. 

Por otra banda, desde Xustiza aclaran que la mediación “no es el único supuesto de procesibilidad para la admisión de las demandas”, y cita opciones que califica de “coste cero”, como la negociación directa, la oferta vinculante o la conciliación que, según los casos, cumplirían “los mismos requisitos de validez”.

“En cuanto a privatización del servicio, tampoco es cierto, porque hay servicios de mediación públicos tanto de la Xunta como de otras instituciones. Hace falta indicar que actualmente está dispuesto un servicio de medidas alternativas de solución de controversias en el ámbito familiar”, sostienen desde la Consellería, argumentando que este servicio está “dirigido a facilitar la comunicación entre los miembros de una familia en una situación de conflicto”. 

“Este servicio es gratuito para aquellas personas que tengan derecho la justicia gratuita. También se pueden consultar en la página web justicia.gal otros servicios gratuitos, tanto en el ámbito penitenciario como en el civil y mercantil”, zanjan, contraviniendo la denuncia de los letrados, que responden que el intento de la Xunta fue “cubrir los MASC de toda Galicia con un presupuesto de 30.000 euros para todo un año”, una iniciativa que recibió la negativa unánime de los ICAs gallegos por ser una cuantía muy pequeña cuando el convenio de mediación ya no está en vigor.